La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el levantamiento inmediato de las medidas administrativas contra un grupo de plataformas y portales web, según un comunicado publicado en sus canales oficiales la tarde de este viernes 26 de septiembre. La decisión se tomó tras recibir con beneplácito los avances y aportes alcanzados en los distintos espacios de diálogo político que se desarrollan actualmente en el país.

La jefa de Estado sustentó esta medida en atención al esfuerzo conjunto derivado de las mesas de negociación entre la delegación del Gobierno Nacional y los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, sumado a las recomendaciones emanadas del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Este último ecosistema consultivo —que agrupa a diversos sectores de medios públicos, privados, alternativos e influenciadores— propuso formalmente eliminar dichas restricciones para fomentar un entorno de mayor transparencia, pluralismo y diversidad informativa en la nación.

En el comunicado oficial, la Presidencia aspira a que la práctica de la comunicación en todo el territorio nacional se mantenga estrictamente comprometida con el interés superior de la patria y con el derecho inalienable del pueblo venezolano a recibir información veraz y oportuna. Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento, según reza el texto difundido.

Esta decisión se suma al desbloqueo de diez sitios web de noticias ocurrido el pasado 17 de septiembre, cuando el organismo regulador restableció el acceso a portales como Caraota Digital, Alberto News, Crónica Uno, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Runrunes, Revista Semana y la agencia EFE. En aquella oportunidad, la organización VE Sin Filtro calificó la medida como «el primer retroceso importante de la censura en internet» , aunque advirtió que seguía siendo insuficiente y exigió el cese de todos los bloqueos, incluyendo medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación y VPN.

La decisión de Rodríguez se produce en el marco del segundo ciclo de conversaciones entre el oficialismo y un sector opositor, que concluyó esta semana con avances en materia de libertad de expresión, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el levantamiento de restricciones a diversos portales digitales. La medida representa un nuevo gesto de apertura por parte del Ejecutivo, aunque organizaciones defensoras de la libertad de prensa insisten en que aún queda camino por recorrer para garantizar un entorno informativo plenamente libre y plural en Venezuela.

El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno argentino envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en un nuevo capítulo de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de largada para este miércoles 30 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 horas en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.

El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores). Desde la oposición hablan de un «caballo de Troya» y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al «plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio» .

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

La resistencia opositora se ha manifestado con dureza. «Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional» , sentenció un diputado nacional de Unión por la Patria. Para el legislador opositor, se trata de «una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas» . «Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos» , afirmó, caracterizando el proyecto como un «caballo de Troya» .

El proyecto también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe las apuestas deportivas a través de las «bets» —plataformas digitales— y establece su cierre a partir del 6 de octubre. La decisión se produce a nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales en el país sudamericano y representa un golpe directo al creciente mercado de apuestas en línea que ha generado preocupación por el endeudamiento de las familias y la ludopatía.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó en conferencia de prensa en San Pablo junto a Lula que los apostadores podrán retirar de manera voluntaria los saldos disponibles hasta las 23:59 del 5 de octubre. Posteriormente, entre el 7 y el 8 de octubre, las empresas deberán informar a las instituciones financieras los valores correspondientes a cada cliente, y los bancos realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre, garantizando así que los usuarios recuperen su dinero antes del cierre definitivo de las plataformas.

La medida prohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación, mientras que los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre. Asimismo, establece el bloqueo de transferencias bancarias hacia empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas, lo que busca cortar de raíz el flujo financiero que sostiene a estas plataformas.

Los principales clubes de fútbol de Brasil protestaron debido a que deberán perder los ingresos por publicidad que reciben de estas plataformas digitales desde 2019. Las «bets» fueron permitidas en 2018, pero estuvieron sin reglamentación hasta 2023, lo que permitió su expansión acelerada y su presencia masiva en el deporte brasileño. El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, según la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de cuatro a seis años de prisión y multa, además de sanciones de dos a cuatro años para actividades como publicidad, captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector. La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña de reelección de Lula, quien afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes pasado que las plataformas convierten el «vicio en lucro» y afectan especialmente a las familias más vulnerables.