América Latina
Lula arremete contra las apuestas: «El dinero es para la comida»
El presidente de Brasil criticó el gasto en juegos de azar y pidió a los ciudadanos priorizar la alimentación de sus familias
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este sábado un duro mensaje contra las apuestas deportivas y los juegos de azar, en el que instó a los ciudadanos a priorizar la alimentación de sus familias por encima del gasto en apuestas. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el país por el impacto económico y social de las plataformas de apuestas en línea, que han experimentado un auge explosivo en los últimos años.
«El dinero del juego es para la comida de los niños. Si querés jugar, comprá un litro de leche para tu casa, pan, más comida para tu casa. No está bien gastar lo que no tenés para intentar ganar lo que no existe. No se puede creer en la mentira», expresó el mandatario brasileño, en un mensaje directo a los sectores más vulnerables de la población.
Las declaraciones de Lula se enmarcan en un debate regional sobre la regulación de las apuestas en línea y su impacto en las economías familiares. En Brasil, el mercado de apuestas deportivas ha crecido de forma acelerada, con millones de usuarios registrados en plataformas digitales que ofrecen desde apuestas deportivas hasta juegos de casino virtual. Este fenómeno ha generado preocupación entre economistas y organizaciones sociales, que advierten sobre el endeudamiento de las familias y la redirección de recursos que podrían destinarse a necesidades básicas.
El gobierno brasileño ha impulsado medidas para regular el sector y proteger a los consumidores, incluyendo la restricción de publicidad y la obligación de advertencias sobre los riesgos de las apuestas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue siendo objeto de debate, y las palabras de Lula reflejan una postura firme frente a un fenómeno que afecta a toda la región.
El mensaje del presidente brasileño también resuena en Venezuela y otros países de América Latina, donde las apuestas en línea han ganado popularidad en los últimos años, en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo. Las palabras de Lula apuntan a una reflexión más profunda sobre las prioridades del gasto familiar y el riesgo de normalizar una actividad que, según el mandatario, puede convertirse en una trampa para quienes menos tienen.
Argentina
Debate por ley de soberanía argentina arranca el 30 de septiembre
El oficialismo controla las comisiones que tratarán el proyecto que endurece penas por Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional; la oposición lo califica de "caballo de Troya"
El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno argentino envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en un nuevo capítulo de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de largada para este miércoles 30 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 horas en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.
El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores). Desde la oposición hablan de un «caballo de Troya» y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al «plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio» .
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
La resistencia opositora se ha manifestado con dureza. «Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional» , sentenció un diputado nacional de Unión por la Patria. Para el legislador opositor, se trata de «una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas» . «Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos» , afirmó, caracterizando el proyecto como un «caballo de Troya» .
El proyecto también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
América Latina
Lula prohíbe las apuestas deportivas en Brasil desde octubre
El presidente brasileño firmó una medida provisional que cierra las plataformas de apuestas el 6 de octubre y envía al Congreso un proyecto para penalizar su explotación con hasta seis años de prisión
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe las apuestas deportivas a través de las «bets» —plataformas digitales— y establece su cierre a partir del 6 de octubre. La decisión se produce a nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales en el país sudamericano y representa un golpe directo al creciente mercado de apuestas en línea que ha generado preocupación por el endeudamiento de las familias y la ludopatía.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó en conferencia de prensa en San Pablo junto a Lula que los apostadores podrán retirar de manera voluntaria los saldos disponibles hasta las 23:59 del 5 de octubre. Posteriormente, entre el 7 y el 8 de octubre, las empresas deberán informar a las instituciones financieras los valores correspondientes a cada cliente, y los bancos realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre, garantizando así que los usuarios recuperen su dinero antes del cierre definitivo de las plataformas.
La medida prohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación, mientras que los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre. Asimismo, establece el bloqueo de transferencias bancarias hacia empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas, lo que busca cortar de raíz el flujo financiero que sostiene a estas plataformas.
Los principales clubes de fútbol de Brasil protestaron debido a que deberán perder los ingresos por publicidad que reciben de estas plataformas digitales desde 2019. Las «bets» fueron permitidas en 2018, pero estuvieron sin reglamentación hasta 2023, lo que permitió su expansión acelerada y su presencia masiva en el deporte brasileño. El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, según la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.
Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de cuatro a seis años de prisión y multa, además de sanciones de dos a cuatro años para actividades como publicidad, captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector. La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña de reelección de Lula, quien afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes pasado que las plataformas convierten el «vicio en lucro» y afectan especialmente a las familias más vulnerables.
América Latina
Kast se reunirá con Delcy Rodríguez este jueves en Nueva York para abordar migración y expulsiones
El presidente de Chile y la mandataria encargada sostendrán su primer encuentro bilateral tras el restablecimiento de las relaciones consulares, en el marco de la Asamblea General de la ONU; Chile busca reabrir canales de cooperación en seguridad, extradiciones y vuelos de expulsión.
EFE
El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó este martes desde Nueva York que se reunirá el próximo jueves con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la relación bilateral, la migración venezolana y la posible expulsión de ciudadanos irregulares desde territorio chileno.
El encuentro será el primero entre ambos mandatarios tras el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, y se desarrollará en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. «Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas» , sostuvo Kast.
Cooperación en seguridad y vuelos de expulsión
El mandatario chileno afirmó que su gobierno busca reabrir canales de cooperación con Caracas para avanzar en trámites consulares, seguridad, extradiciones y vuelos de expulsión hacia Venezuela. La reunión se produce en un contexto de creciente flujo migratorio venezolano hacia Chile y de tensiones por la situación de los ciudadanos irregulares en territorio chileno.
Un giro en las relaciones bilaterales
El encuentro entre Kast y Rodríguez representa un giro significativo en las relaciones entre ambos países, que se habían deteriorado durante los gobiernos anteriores. El restablecimiento de las relaciones consulares, anunciado semanas atrás, ha permitido reabrir canales de comunicación que ambos gobiernos esperan ampliar hacia el ámbito diplomático pleno.
La cita se suma a la intensa agenda de Rodríguez en Nueva York, donde ya sostuvo un encuentro histórico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien anunció la apertura de una oficina del organismo en Venezuela para 2027.