Debate por ley de soberanía argentina arranca el 30 de septiembre

El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno argentino envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en un nuevo capítulo de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de largada para este miércoles 30 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 horas en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.

El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores). Desde la oposición hablan de un «caballo de Troya» y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al «plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio» .

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

La resistencia opositora se ha manifestado con dureza. «Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional» , sentenció un diputado nacional de Unión por la Patria. Para el legislador opositor, se trata de «una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas» . «Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos» , afirmó, caracterizando el proyecto como un «caballo de Troya» .

El proyecto también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.