Una jueza de Miami ordenó el arresto de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

La justicia del estado de Florida emitió una orden de arresto sin fianza contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre el estrecho de Florida, en el que murieron cuatro personas. La medida fue anunciada este lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La orden fue firmada el viernes por la jueza Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, con sede en Miami-Dade. El cargo imputado a Castro, de 95 años, es el de conspiración para cometer asesinato en primer grado, según informaron Infobae, Univision y el Miami Herald.

Qué establece la orden de arresto contra Raúl Castro

El tribunal estatal encontró causa probable a partir de una declaración jurada elaborada tras una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). El documento sostiene que existen motivos fundados para creer que Castro conspiró con otras personas para asesinar a los ocupantes de las aeronaves. «El acusado, Raúl Modesto Castro Ruz, acordó con otros cometer asesinatos en primer grado», señala la declaración jurada citada por la prensa local.

La orden dispone la detención inmediata del exgobernante y establece que se buscará su extradición en caso de que sea arrestado fuera de Florida. En el momento del derribo, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, bajo el gobierno de su hermano Fidel Castro.

La red de espionaje que, según la Fiscalía, operó en Florida

De acuerdo con la declaración jurada, dos espías cubanos se infiltraron en Hermanos al Rescate y reunieron información sobre sus vuelos, mientras otros agentes vigilaban la estación aeronaval de Cayo Hueso (Key West) y transmitían datos a La Habana. La red habría advertido a sus integrantes que no volaran entre el 24 y el 27 de febrero de 1996, y uno de ellos abandonó Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, un día antes del ataque.

Las autoridades sostienen que esas actividades bastan para ubicar la conspiración en territorio de Florida, lo que otorga jurisdicción a los tribunales estatales. Según Uthmeier, Castro dio la orden final de derribar las avionetas. «Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría», afirmó el fiscal general.

Las víctimas del derribo de 1996

Cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana abatieron dos avionetas Cessna de la organización. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y Morales era residente legal permanente. Una tercera avioneta, pilotada por el fundador del grupo, José Basulto, logró escapar.

El gobierno cubano sostuvo entonces que las aeronaves violaron su espacio aéreo y que actuó en defensa de su soberanía. Sin embargo, Estados Unidos y una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyeron que el derribo se produjo en aguas internacionales.

Hermanos al Rescate fue fundada en mayo de 1991 en Miami por Basulto, exiliado cubano y veterano de Bahía de Cochinos, con el objetivo de localizar balseros en el estrecho de Florida durante el Período Especial y alertar a la Guardia Costera. Con los años, el grupo también realizó vuelos cerca de la isla y lanzó folletos con mensajes políticos, lo que La Habana consideró provocaciones.

Un caso que ya tenía cargos federales

La orden estatal se suma a la ofensiva judicial abierta este año. Uthmeier reabrió la investigación estatal en marzo de 2026 y, en mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Castro y otras cinco personas por cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Ese día, el entonces fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó una orden de arresto federal.

En la práctica, la ejecución de ambas órdenes depende de que Castro salga de Cuba, país que no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos. Uthmeier advirtió que, si el exgobernante abandona la isla, enfrentará consecuencias en territorio estadounidense.

Reacciones en Miami

«Las familias han esperado demasiado tiempo porque se haga justicia», declaró Uthmeier, quien añadió que «por 30 años los oficiales del gobierno no han aplicado la ley con este hombre». El fiscal también afirmó que «no hay ningún futuro en Cuba que involucre a ninguna persona de la familia Castro».

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, nombró a las cuatro víctimas y dijo a sus familiares que «nunca deberían haber esperado tanto». La presidenta de FIU, Jeanette Núñez, anunció que la Facultad de Derecho creará un curso de derechos humanos con el nombre de Carlos Costa. A la conferencia también asistió el fiscal federal Jason Reding Quiñones.

La decisión tiene un fuerte peso simbólico para el exilio cubano y para la diáspora latinoamericana en el sur de Florida, donde el derribo de 1996 sigue siendo una de las heridas más profundas en la relación entre Washington y La Habana, casi tres décadas después.