Tribunales contra el terrorismo en Venezuela: Figuera anuncia su cierre tras resolución del TSJ
La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, informó este viernes que los tribunales contra el terrorismo en Venezuela están siendo cerrados en el país, en lo que calificó como un paso significativo dentro del proceso de diálogo que sostiene la oposición con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El anuncio se produce luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera la Resolución 2026-0010, mediante la cual quedaron suprimidos los tribunales de control de terrorismo 30°, 49°, 52° y 13°, y las causas abiertas fueron centralizadas en Caracas .
Figuera celebra el cierre de los tribunales contra el terrorismo en Venezuela
«Me acaban de informar un elemento para mí que es muy importante, que es parte de esta mesa, que se está cerrando el tribunal contra el terrorismo», declaró Figuera a los medios de comunicación. Al ser consultada sobre qué pasará con los presos políticos que tienen causas en dichos tribunales, la dirigente opositora no ofreció mayores detalles de momento, aunque se mostró optimista sobre las consecuencias de esta medida .
«Eso es un adelanto para mí muy significativo. Hay una resolución, ahora vamos a ver las consecuencias. Es un paso importante de fe», añadió la diputada de la AN 2015. En este sentido, Figuera hizo un llamado a los venezolanos a seguir confiando en el proceso de transición: «Fe es certeza de lo que se cree y no se ve. Yo tengo profundamente fe que este camino que conduce a este proceso de transición va a lograr recuperar la institucionalidad en Venezuela y vamos a tener democracia» .
La resolución del TSJ que suprime los juzgados especiales
La medida del TSJ quedó registrada en la Resolución 2026-0010, que indica que quedan suprimidos los tribunales de control de terrorismo 30°, 49°, 52° y 13° de Caracas, y que el conocimiento de estas causas será transferido a otros juzgados penales ordinarios. Esta decisión se produce en el marco del tercer ciclo de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, que se retomó el 14 de octubre con el objetivo de avanzar en garantías políticas y judiciales para una transición democrática .
El uso de los tribunales antiterroristas para suprimir la disidencia
La Comisión Internacional de Juristas (ICJ) documentó en abril de 2026 que, a través de tribunales especiales en “terrorismo” y el uso discrecional de legislación ambigua, el Estado venezolano sometió a miles de personas a procesos políticamente motivados. Según el organismo, estos tribunales no cumplen con los estándares internacionales de organización ni funcionamiento, y ha instado al Estado a garantizar el debido proceso y abolir los juzgados especiales contra el terrorismo .
Lea también: Rick Scott exige elecciones en Venezuela en máximo nueve meses
Lea también: Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes de cargos de tortura en Nueva York
En febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía que abarca delitos como “traición” y “terrorismo”, imputados normalmente a presos políticos, aunque la norma excluye a militares y a acusados de delitos graves, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos que la calificaron como incompleta . El cierre de los tribunales contra el terrorismo en Venezuela representa un avance hacia la desjudicialización de la política y la restitución de garantías para quienes enfrentaron procesos penales por motivos ideológicos.
Reacciones y perspectivas
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la delegación del gobierno, encabezada por Jorge Rodríguez, sobre el cierre de estos tribunales . Organizaciones de derechos humanos han celebrado la medida como un paso positivo, aunque insisten en que debe ir acompañada de la liberación de todos los presos políticos y de la reparación integral para las víctimas de la represión judicial. La expectativa se centra ahora en el destino de las causas pendientes y en si el cierre de los juzgados especiales se traducirá en sobreseimientos y excarcelaciones para quienes permanecen detenidos.
