Detención de Luisa González en Ecuador por presunto lavado de activos
La excandidata presidencial Luisa González fue detenida en Manabí por la Fiscalía, que la investiga por presunto lavado de activos en el financiamiento de su campaña de 2023.
La detención de Luisa González se produjo en la madrugada de este jueves 22 de octubre en la localidad de Canuto, provincia de Manabí, según confirmaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado de Ecuador. La excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos, en el marco de un expediente denominado caso ‘Laberinto’ que indaga presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
La investigación por lavado de activos y el caso ‘Laberinto’
De acuerdo con el Ministerio Público, las órdenes de detención se ejecutaron con fines de formulación de cargos por presunta participación en el delito de lavado de activos. La investigación se centra en «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos». Junto con González, fueron aprehendidas otras dos personas, y la Fiscalía informó que formulará cargos contra los tres detenidos en las próximas horas.
La detención ocurre a escasas cinco semanas de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, en las que González tenía previsto postularse a la Prefectura de Manabí, candidatura que fue frustrada tras la inhabilitación de Revolución Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En enero de este año, las autoridades ya habían allanado la vivienda de la excandidata en el marco de una investigación por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, acusación que ella negó en su momento.
Reacciones del correísmo: «persecución de Estado»
La detención de Luisa González desató una rápida respuesta del movimiento Revolución Ciudadana, que calificó el procedimiento como una «persecución de Estado» y una «detención arbitraria e inconstitucional» . A través de un comunicado oficial, la organización denunció que las autoridades mantuvieron bajo reserva la ubicación exacta de González durante las primeras horas, impidiendo el contacto inmediato con su defensa técnica. Según el partido, el proceso penal busca magnificar lo que consideran una «discrepancia administrativa» en las cuentas de campaña que apenas ascendería a USD 6.100, y advirtió que trasladar esas observaciones a la justicia penal es un acto explícito de lawfare destinado a proscribir a la oposición.
El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de X escribió: «Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá» , y posteriormente calificó la jornada como «un día triste para el país» , cuestionando al Ministerio Público al tildarlo de «Fiscalía de bolsillo». Dirigentes y asambleístas del correísmo convocaron a movilizaciones y vigilias para exigir la liberación de la excandidata, mientras simpatizantes se concentraban frente a edificios judiciales y policiales.
El contexto político y la inhabilitación
Luisa González, abogada de 48 años, fue candidata presidencial por Revolución Ciudadana en las elecciones anticipadas de 2023 y 2025, comicios en los que superó la primera vuelta pero perdió en el balotaje frente al actual presidente Daniel Noboa. También se desempeñó como asambleísta por Manabí entre 2021 y 2023, y presidió el movimiento correísta desde finales de 2023 hasta enero de 2026.
La detención se produce en un contexto de creciente tensión política en Ecuador, donde el correísmo ha denunciado una persecución judicial orquestada por el Gobierno de Noboa para dejarlo fuera de las elecciones locales de noviembre. La inhabilitación de González y la suspensión de Revolución Ciudadana por parte del TCE han sido interpretadas por el partido como una estrategia para proscribir a la principal fuerza opositora del país andino. Las autoridades, por su parte, sostienen que las acciones judiciales se ajustan a derecho y buscan esclarecer el origen de los fondos utilizados en las campañas electorales.
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La detención de Luisa González representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el correísmo y el Gobierno de Noboa, y podría tener un impacto significativo en el escenario electoral de cara a los comicios locales de noviembre. La formulación de cargos en las próximas horas y la respuesta de la justicia ecuatoriana serán clave para determinar el futuro político de la excandidata y la estabilidad del sistema político del país.
