La organización no gubernamental Provea advirtió que la permanencia de Delcy Rodríguez en la presidencia encargada de Venezuela tendría un límite constitucional de 90 días adicionales, tras cumplirse el primer período establecido por la ley.
A través de un pronunciamiento público, la ONG explicó que la Constitución venezolana contempla que un vicepresidente puede asumir la jefatura del Estado por un lapso inicial de 90 días ante la ausencia del presidente, el cual puede ser prorrogado una sola vez por el mismo período.
Se agotan los plazos constitucionales
Según detalló la organización, el primer tramo de 90 días ya habría finalizado, por lo que el país se encuentra actualmente dentro del segundo y último período permitido.
Provea recordó que, una vez cumplidos los 180 días, corresponde declarar la falta absoluta del presidente y convocar a elecciones en un plazo de 30 días, tal como lo establece el marco constitucional.
El rol de la Asamblea Nacional
La ONG subrayó que el pronunciamiento clave debe ser realizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente presidida por Jorge Rodríguez.
En ese sentido, advirtió que no tomar una decisión en este escenario no es una omisión neutral, sino una postura política con implicaciones directas en el curso institucional del país.
Llamado a elecciones
En su mensaje, Provea insistió en que la situación no debe interpretarse como un tecnicismo jurídico, sino como un mecanismo que permite devolver la decisión al pueblo venezolano.
“Venezuela tiene derecho a decidir. La falta absoluta no es un tecnicismo, sino un mecanismo que devuelve la palabra al pueblo”, expresó la organización.
Además, enfatizó que el país tiene derecho a elecciones democráticas y alertó que “el reloj constitucional corre”.
Contexto político
Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la ausencia de Nicolás Maduro, con un mandato inicial de 90 días aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, prorrogable por un período similar.
La advertencia de Provea se produce en medio de un escenario político incierto, donde aumenta la presión sobre las instituciones para definir el rumbo constitucional del país.
