ONU alerta: la rendición de cuentas es «prácticamente imposible» en Nicaragua
El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua advirtió ante la Tercera Comisión de la Asamblea General que la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos es, en la práctica, imposible en ese país. El informe se basó en más de 2,300 entrevistas y miles de documentos, elaborado pese a que las autoridades nicaragüenses no colaboraron ni permitieron el ingreso de los expertos al territorio.
«La rendición de cuentas es, en la práctica, imposible», declaró el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, en referencia a las condiciones actuales del Estado nicaragüense.
Concentración de poder y reformas que eliminan las elecciones
Según el grupo de expertos, una serie de reformas constitucionales e institucionales concentraron el poder del Estado en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, limitando los mecanismos internos para investigar presuntas violaciones. En septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura reformas que eliminan las elecciones, lo que el grupo vinculó con declaraciones del propio Ortega sobre que no habrá más comicios en el país.
Nicaragua también abandonó nueve organismos internacionales, reduciendo la supervisión externa, y en febrero de 2025 anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe «Anatomía de la crueldad estatal»
El documento denominado «Anatomía de la crueldad estatal» documentó casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, malos tratos y muertes bajo custodia. Entre los casos citados se encuentra el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió mientras estaba detenido por las autoridades.
Reacciones internacionales
El grupo de expertos sugirió recurrir a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y a investigaciones en otros Estados bajo jurisdicción universal o extraterritorial. Costa Rica denunció expulsiones sin recursos legales y la ampliación de las causales de pérdida de nacionalidad, que podrían derivar en casos de apatridia.
Países como Brasil, Chile, Canadá y el Reino Unido expresaron preocupación por la situación. En sentido contrario, Irán, Rusia, Cuba, Venezuela y China cuestionaron el mandato del grupo de expertos.
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