Delcy Rodríguez anuncia el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela y crece la polémica por presos políticos pendientes
El Gobierno da por concluida la medida tras dos meses de aplicación, mientras ONG denuncian que aún hay cientos de detenidos sin beneficio
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el fin de la Ley de Amnistía, apenas dos meses después de su aprobación, una decisión que ha generado fuertes reacciones tanto a nivel político como en organizaciones de derechos humanos.
El anuncio se realizó desde el Palacio de Miraflores durante la instalación de una comisión orientada a reformar el sistema de justicia penal. Sin embargo, la mandataria no ofreció detalles concretos sobre qué implica exactamente el “fin” de la normativa, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno al destino de los casos aún pendientes.
“La Ley de Amnistía llega a su fin”, expresó Rodríguez, al tiempo que aseguró que los expedientes excluidos del marco legal podrán ser atendidos mediante otros mecanismos institucionales.
Entre estas alternativas mencionó el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la recién creada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, espacios que según el Ejecutivo permitirán continuar revisando situaciones específicas.
Más de 8.600 beneficiados, pero con críticas persistentes
De acuerdo con cifras oficiales, más de 8.600 personas han sido beneficiadas por la amnistía desde su entrada en vigor en febrero de 2026.
El Gobierno defiende la medida como un paso clave hacia la reconciliación nacional, destacando su alcance y cobertura. “Ha salido muy bien en cuanto a los beneficiados”, afirmó Rodríguez, desestimando las críticas que han surgido en torno a su aplicación.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos ofrecen una visión distinta. Según estos grupos, aún permanecen detenidas al menos 473 personas por motivos políticos, lo que cuestiona la efectividad real de la normativa.
Además, denuncian que menos del 25 % de las excarcelaciones registradas en 2026 están directamente vinculadas a la ley, lo que sugiere que gran parte de las liberaciones se habrían producido por otras vías.
Una ley limitada desde su origen
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero de 2026, fue presentada como una herramienta para “reparar las heridas” de la confrontación política en el país. Sin embargo, desde su concepción generó cuestionamientos por su alcance limitado.
El texto contempla un período de 27 años desde 1999, pero restringe su aplicación a personas vinculadas con 13 eventos específicos ocurridos en distintos momentos de la historia reciente.
Asimismo, excluye delitos considerados graves como corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y acciones vinculadas a operaciones militares, lo que dejó fuera a un número significativo de detenidos.
Estas restricciones fueron señaladas desde el inicio por organizaciones como Foro Penal, que advirtieron que la normativa no cubriría a cientos de presos políticos.
Falta de transparencia y críticas internacionales
Otro de los puntos más cuestionados ha sido la falta de transparencia en el proceso. Hasta ahora, las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de los beneficiados, pese a solicitudes de organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Esta opacidad ha alimentado dudas sobre los criterios de selección y ha generado preocupación sobre la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Además, expertos advierten que el cierre anticipado de la amnistía sin que exista una fecha de caducidad en el texto legal podría representar un precedente problemático en términos de seguridad jurídica.
Un contexto político marcado por tensiones
El anuncio del fin de la amnistía se produce en un momento clave para Venezuela, tras los cambios políticos ocurridos a inicios de 2026 y en medio de un proceso de transición impulsado por el Gobierno y acompañado por actores internacionales.
Rodríguez justificó la medida señalando que la amnistía surgió como respuesta a un “recrudecimiento de la confrontación política” y a lo que calificó como una “agresión externa”, en referencia a la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
En este escenario, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de estabilidad y avance institucional, aunque las críticas por la situación de los derechos humanos continúan siendo un punto de fricción.
Reforma judicial: el nuevo foco del Gobierno
Como parte de este nuevo capítulo, el Gobierno anunció la creación de una comisión encargada de impulsar una reforma profunda del sistema de justicia penal, un ámbito históricamente cuestionado por retrasos procesales y denuncias de corrupción.
Según Rodríguez, esta iniciativa busca corregir “los males estructurales” del sistema y avanzar hacia un modelo más eficiente y transparente. No obstante, analistas señalan que su impacto dependerá de la independencia real de las instituciones y de la voluntad política para implementar cambios efectivos.
Un cierre que deja más preguntas que respuestas
El fin de la Ley de Amnistía, lejos de cerrar el capítulo, abre nuevas interrogantes sobre el futuro de los presos políticos en Venezuela y sobre los mecanismos que se utilizarán para resolver los casos pendientes.
Mientras el Gobierno insiste en que existen vías alternativas para atender estas situaciones, organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de claridad y garantías podría agravar la incertidumbre.
En un país donde la justicia ha sido históricamente objeto de debate, la decisión marca un punto de inflexión que será clave para evaluar el rumbo del proceso político en curso.
Porque más allá de las cifras y los discursos, el verdadero impacto de la amnistía se medirá en la vida de quienes aún esperan una respuesta.
Con información de EFE, El País: fin de la amnistía en Venezuela, CNN Brasil y reportes oficiales del Gobierno venezolano
