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La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha vuelto a encender las alarmas al posicionar a Venezuela en el nivel más bajo del Índice Global de Derechos (IGD) 2025, una clasificación que identifica a los países donde los trabajadores carecen de toda garantía para ejercer sus derechos laborales y sindicales de forma libre y segura.
Un país sin garantías laborales ni sindicales
El informe anual, considerado uno de los más completos en materia de libertades sindicales a nivel mundial, ubica a Venezuela en el Nivel 5, reservado para naciones donde “los derechos no están garantizados debido a la ruptura del Estado de derecho”. Este nivel coloca al país en la misma categoría que regímenes represivos como los de Myanmar, Belarús, Camboya y Bangladés, señalados por su sistemática represión a trabajadores organizados y defensores sindicales.
Según el documento publicado por la CSI, en Venezuela la criminalización de la protesta laboral, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento judicial y el uso del sistema penal para silenciar voces disidentes han dejado a los trabajadores en una situación de absoluta indefensión.
Represión sistemática contra líderes sindicales
El informe detalla que en el país caribeño la persecución de sindicalistas no solo se mantiene, sino que se ha institucionalizado. Casos de allanamientos a sedes sindicales, sustitución de dirigentes legítimos por figuras afines al Gobierno y sentencias dictadas sin debido proceso se han convertido en prácticas recurrentes.
Un ejemplo emblemático citado en el informe es el de dirigentes de sectores salud, educación y petróleo, quienes han sido detenidos por convocar protestas pacíficas o denunciar el incumplimiento de contratos colectivos. En muchos de estos casos, los detenidos permanecen meses sin juicio, y son acusados bajo cargos vagos como “instigación al odio” o “traición a la patria”.
Tendencias alarmantes desde 2024
La situación actual no es nueva. Ya en el IGD 2024, la CSI había advertido que Venezuela estaba consolidándose como un Estado hostil hacia los derechos sindicales. Desde entonces, las acciones de represión se han intensificado. Organismos como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y Human Rights Watch han expresado su preocupación por la desaparición de canales de diálogo tripartito y el deterioro sistemático de la libertad sindical.
El informe 2025 confirma que el poder judicial en Venezuela ha sido instrumentalizado como un brazo de represión, lejos de ser una institución de garantías y equidad. La CSI afirma que no existe independencia judicial ni posibilidad de apelación imparcial para los trabajadores perseguidos.
Consecuencias en el mercado laboral venezolano
Esta realidad impacta profundamente en el ya debilitado mercado laboral venezolano. Según datos del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), más del 60% de los trabajadores del sector público teme represalias si participa en acciones sindicales, mientras que en el sector privado la inestabilidad económica limita la capacidad de organización.
Además, la migración forzada de líderes sindicales ha aumentado, y muchos dirigentes se ven obligados a exiliarse tras recibir amenazas o ser objeto de procesos penales. Esta fuga de liderazgo genera un vacío organizativo que desmoviliza a los trabajadores y debilita las conquistas históricas del movimiento obrero venezolano.
Venezuela en el Índice Global de Derechos 2025: contexto internacional
La CSI, que representa a más de 200 millones de trabajadores en 163 países, destacó que 2025 ha sido uno de los peores años para los derechos laborales a nivel global. Conflictos armados, regímenes autoritarios, crisis económicas y debilitamiento institucional han generado retrocesos significativos en la protección de los trabajadores.
En América Latina, además de Venezuela, otros países como Guatemala, Nicaragua y Colombia fueron señalados por su aumento en la represión y violencia contra líderes sindicales. No obstante, el caso venezolano fue uno de los más graves por la combinación de persecución estatal, falta de justicia y represión sistemática.
Llamado de la CSI a la comunidad internacional
La Confederación Sindical Internacional hizo un llamado a organismos multilaterales como la OIT, Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional para que vigilen de cerca la situación en Venezuela, donde la falta de garantías laborales constituye no solo una violación de derechos humanos, sino un obstáculo estructural al desarrollo.
La organización también instó al Gobierno venezolano a restablecer el diálogo social tripartito, liberar a todos los sindicalistas detenidos arbitrariamente, y respetar los convenios internacionales firmados en el marco de la OIT.
