El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno argentino envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en un nuevo capítulo de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de largada para este miércoles 30 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 horas en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.

El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores). Desde la oposición hablan de un «caballo de Troya» y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al «plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio» .

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

La resistencia opositora se ha manifestado con dureza. «Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional» , sentenció un diputado nacional de Unión por la Patria. Para el legislador opositor, se trata de «una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas» . «Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos» , afirmó, caracterizando el proyecto como un «caballo de Troya» .

El proyecto también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.

La oposición venezolana reaccionó al discurso de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la ONU, donde afirmó que Venezuela «ha iniciado un proceso de transformación democrática». El diputado a la Asamblea Nacional 2015, Lawrence Castro, señaló en una entrevista con Caraota Digital que esas palabras deben traducirse en hechos concretos y no quedarse en el plano discursivo.

Castro reconoció como positivo que desde la propia conducción interina del Estado se reconozca públicamente la necesidad de una transformación democrática, de reformas estructurales y de un país más libre y reconciliado. Sin embargo, advirtió que después de tantos años de deterioro institucional, los venezolanos necesitan resultados verificables y no solo declaraciones. «Este momento exige responsabilidad, prudencia y sentido de Estado«, expresó el parlamentario.

El diputado, quien forma parte de quienes acompañan las labores de la comisión negociadora de la AN 2015, sostuvo que una negociación política no puede limitarse a administrar la crisis, sino que debe contribuir a construir una solución institucional que permita recuperar la democracia y reconstruir la República. A su juicio, si se habla de un proceso ordenado, institucional y verificable, deben poder comprobarse avances concretos en materia de independencia de los poderes públicos, garantías políticas, Estado de derecho, seguridad jurídica y condiciones para que todos los venezolanos participen en la vida nacional.

Sobre las declaraciones de Rodríguez en la ONU, donde aseguró que habrá elecciones pero sin revelar fecha, Castro consideró prematuro establecer un cronograma cuando las instituciones venezolanas aún no han anunciado oficialmente el proceso. Señaló que lo relevante es que se haya reconocido la necesidad de avanzar hacia unos comicios, pero subrayó que una elección no puede reducirse a fijar una fecha en el calendario: antes es necesario construir las condiciones que le otorguen legitimidad dentro y fuera del país, como un árbitro electoral que genere confianza, la actualización del Registro Electoral, la participación de todas las fuerzas políticas que cumplan los requisitos legales, garantías para realizar campaña, auditorías, observación nacional e internacional técnicamente calificada y respeto verificable a los resultados.

Castro también se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela. Afirmó que la líder opositora «es venezolana y tiene derecho a regresar» y que representa a un sector significativo de la sociedad. Advirtió que una transición democrática orientada a la reconciliación no puede construirse mediante nuevas exclusiones y que, si se pretende iniciar una nueva etapa política basada en la participación y el diálogo, los dirigentes políticos venezolanos deben poder ejercer sus derechos dentro del país con las garantías correspondientes. Esta regla, dijo, debe aplicarse a todos los sectores políticos y no solo a una dirigente en particular.

El diputado reconoció que Washington tiene una importante capacidad de interlocución en el proceso venezolano y que esa influencia debería contribuir a generar garantías para una solución democrática, institucional y pacífica. No obstante, insistió en que la solución definitiva debe pertenecer a los venezolanos: «La comunidad internacional puede acompañar, facilitar y verificar acuerdos, pero las instituciones que debemos reconstruir serán venezolanas y la decisión sobre nuestro futuro corresponde a los ciudadanos».

El gobierno de Estados Unidos considera que un cambio en el sistema democrático en Venezuela permitirá restaurar la confianza de la población e incentivar la llegada de inversionistas privados a territorio venezolano, así lo afirmó la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Natalia Molano.

En entrevista concedida a VPI, Molano aclaró que, pese a la reunión sostenida este martes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los objetivos de Washington para el país se mantienen. Recordó que la administración de Trump estableció tres fases para avanzar hacia un cambio político en Venezuela: estabilización, recuperación y transición. «La administración del presidente Trump ha sido muy coherente, estratégica y no se han cambiado estas metas de las tres fases de transición en Venezuela» , afirmó.

Al ser consultada sobre los temas abordados en el encuentro entre Rodríguez y Trump, Molano informó que la Casa Blanca aún no ha publicado el resumen oficial de la conversación, dado que fue el propio mandatario norteamericano quien encabezó la reunión. «Probablemente fue algo muy general sobre los avances en las relaciones bilaterales» , comentó.

EE.UU. busca crear las condiciones para un proceso electoral en Venezuela

En relación con las condiciones de Estados Unidos para la celebración de elecciones libres en Venezuela, la funcionaria señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, no ha fijado una fecha específica. Para Washington, según Molano, un proceso de transición democrática no depende únicamente de una convocatoria a comicios electorales, sino de crear las condiciones institucionales necesarias para que el proceso sea sostenible en el tiempo y garantice la estabilidad del país.

Entre otros aspectos, destacó una prensa libre y la idea de abrir espacios para que los dirigentes políticos puedan expresarse, organizarse y hacer una campaña sin presiones gubernamentales. Igualmente, subrayó la importancia de contar con un sistema electoral transparente que transmita confianza a la ciudadanía. «El sistema inclusive que se usa para llevar a cabo esas elecciones tiene que ser toda una maquinaria, todo un sistema que los ciudadanos y que el público venezolano realmente le tenga confianza» , añadió.

Respaldo a la mesa de diálogo

Según lo señalado por Molano, la administración de Donald Trump valora de forma positiva el proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional 2015 y delegados del oficialismo. «Estados Unidos está muy contento con los avances graduales, sobre todo el diálogo con la Asamblea Nacional del 2015, y quiere que se siga avanzando en este camino» , señaló.

En materia económica, Molano aseguró que las inversiones de empresas estadounidenses en Venezuela pueden contribuir a la recuperación económica del país. Sin embargo, la funcionaria indicó que los inversionistas extranjeros requieren de garantías legales que protejan sus activos. «Los inversionistas van a querer un sistema democrático, con leyes, un sistema donde puedan confiar» , enfatizó.