Ex presos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones en la amnistía en Venezuela
Más de 400 detenidos siguen sin beneficiarse de la ley, mientras activistas alertan sobre aplicación “selectiva”
Un grupo de ex presos políticos en Venezuela denunció este martes ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos retrasos y negaciones en la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, alertando sobre irregularidades en el proceso.
La denuncia fue presentada por la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), cuyos integrantes advirtieron que aún permanecen más de 400 personas detenidas por motivos políticos y que el Estado no ha dado respuestas claras a las solicitudes de beneficio jurídico.
El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, calificó como “muy productiva” la reunión con funcionarios de la ONU, pero señaló que la situación es “muy grave”. Según explicó, la aplicación de la ley “se ha hecho con una selectividad perversa”, ya que no existen criterios transparentes para aprobar o rechazar las solicitudes.
Rojas denunció además que muchos casos permanecen paralizados en tribunales, incluso superando el plazo legal de 15 días establecido para dar respuesta. “Mi caso y el de muchos están engavetados”, afirmó, agregando que en algunos tribunales les indican que esperan “órdenes de arriba”.
El activista también alertó sobre una “oleada de negaciones sin ningún tipo de argumento” y cuestionó que los mismos jueces que procesaron a los detenidos sean quienes evalúan ahora las solicitudes de amnistía, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad del proceso.
Por su parte, el exdiputado Williams Dávila aseguró que, pese a su excarcelación, aún no le han sido devueltos bienes incautados durante su detención, y advirtió que no puede hablarse de una verdadera transición política mientras existan presos políticos en el país.
La Ley de Amnistía, impulsada en el contexto de cambios políticos recientes, contempla un período de 27 años, pero limita su aplicación a determinados hechos, excluyendo casos vinculados a delitos como corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos. Además, las autoridades no han publicado un listado oficial de beneficiarios, pese a solicitudes del alto comisionado de la ONU, Volker Türk.
Aunque cifras oficiales señalan que más de 8.300 personas han recibido libertad plena, organizaciones como Foro Penal advierten que la norma se ha convertido en un mecanismo que retrasa liberaciones en lugar de acelerarlas, en un contexto donde aún se contabilizan cientos de detenidos por razones políticas.
