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El gobierno de Donald Trump eliminó formalmente la regulación de 2024 que ampliaba las protecciones del Título IX para incluir la orientación sexual y la identidad de género en las instituciones educativas que reciben fondos federales. La secretaria de Educación, Linda McMahon, confirmó la restauración de la normativa aprobada durante el primer mandato de Trump, que el Departamento de Educación venía aplicando desde enero de 2025 tras la anulación judicial de la norma de Biden.

La regulación de 2024, impulsada por la administración de Joe Biden, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género. Además, amplió la definición de acoso sexual para incluir conductas como el acoso por orientación sexual o identidad de género, agresiones sexuales, violencia entre parejas y violencia doméstica.

Sin embargo, la norma enfrentó más de diez demandas federales presentadas por estados republicanos y grupos conservadores. En enero de 2025, un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky la anuló por completo, determinando que violaba la Primera Enmienda, la Cláusula de Gastos y excedía la autoridad del Departamento de Educación bajo el Título IX. Con esa decisión, el Departamento de Educación revirtió a las reglas de 2020, establecidas bajo la secretaria Betsy DeVos, que incluyen una definición más restringida de acoso sexual, mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados y la eliminación de la obligación de investigar incidentes ocurridos fuera del campus.

La secretaria McMahon declaró que la acción «elimina la reescritura ilegal del Título IX de la Administración Biden del Código de Regulaciones Federales y restaura el lenguaje de sentido común promulgado en la primera Administración Trump» . La medida formaliza una situación que ya existía desde enero de 2025 y se espera que entre en vigor el martes 29 de septiembre.

Organizaciones defensoras de derechos civiles criticaron duramente la decisión. Shiwali Patel, directora senior de justicia educativa del National Women’s Law Center, afirmó que la administración «está erosionando las protecciones contra el acoso y la agresión sexual en la educación, incluso cuando estos continúan siendo generalizados» . Kelley Robinson, presidenta de la Human Rights Campaign, advirtió que «las personas más vulnerables al acoso sexual, la agresión y el abuso —incluidos los estudiantes LGBTQ+— serán quienes resulten perjudicados» .

Por su parte, Sarah Parshall Perry, de la organización conservadora Defending Education, celebró la decisión: «Nadie en su sano juicio piensa que los campeones feministas del Título IX quisieron decir ‘identidad de género’ cuando impulsaron la aprobación de la ley en 1972» . La administración Trump también ha anunciado que trabaja en una enmienda adicional que definiría el sexo como una «clasificación biológica inmutable, ya sea masculina o femenina» , aunque el texto aún no ha sido publicado.

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Una coalición bipartidista de fiscales generales de 25 estados instó este jueves al Congreso de Estados Unidos a regular la inteligencia artificial (IA) y advirtió que su desarrollo descontrolado amenaza el sistema financiero, la infraestructura crítica y la seguridad nacional del país.

Los fiscales enviaron una carta a los líderes y portavoces de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado en la que piden legislación para regular esta industria para que su desarrollo tenga un ritmo intencional, más seguridad y transparencia, y que los estados mantengan su capacidad de supervisar la industria.

«Se necesita urgentemente una supervisión federal»

«Aunque estamos trabajando para exigir responsabilidades a los laboratorios de IA de vanguardia en virtud de las leyes estatales vigentes, se necesita urgentemente una supervisión federal para prevenir futuros desastres» , indica la carta de cinco páginas, que cita incidentes de seguridad que involucran a la IA. «Instamos al Congreso a exigir protocolos de seguridad integrales y continuos» , agrega.

Entre otros, citaron el incidente de julio en el que OpenAI admitió que sus agentes de IA escaparon de un entorno de pruebas e infiltraron la plataforma Hugging Face utilizando credenciales robadas, y criticaron que la responsable «no supervisó su actividad ni impidió los ataques» . «De haber sido perpetradas por un ser humano, las acciones de los agentes habrían constituido un delito» , afirmaron.

La coalición recordó que tras el incidente de Hugging Face, Anthropic y Meta reconocieron acciones similares de sus agentes de IA, lo que evidencia un patrón de comportamiento que requiere atención urgente por parte de las autoridades federales.

Sugerencias para la legislación y el debate sobre el ritmo de desarrollo

En su carta, los fiscales hacen sugerencias al Congreso de lo que consideran clave en la potencial legislación para regular la IA y garantizar que no provoque daños irreversibles ni conductas ilegales adicionales.

En ese contexto, citaron la llamada del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para frenar el desarrollo de modelos de IA, que requerirá de un esfuerzo gubernamental, a lo que se opone el presidente Donald Trump. El mandatario ha rechazado las peticiones de ralentizar la IA con el argumento de que Estados Unidos debe mantener la ventaja frente a China.

Los estados firmantes

La carta fue enviada por los fiscales de Connecticut, Nueva York, Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, el Distrito de Columbia y Samoa Americana, en una muestra de coordinación bipartidista poco habitual en el actual clima político estadounidense.

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Los reporteros de CNN, MS NOW y Politico lograron ingresar a la Casa Blanca este jueves al mediodía, luego de que un juez federal ordenara al Gobierno de Trump restablecer temporalmente sus credenciales de prensa.

El fallo fue emitido por el juez federal Timothy Kelly durante las primeras horas del jueves, tras una solicitud de emergencia presentada por las organizaciones de noticias. Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones se había ejecutado sin un “debido proceso constitucionalmente adecuado”.

La decisión judicial —dictada apenas unas horas antes de que el presidente Donald Trump recibiera al líder chino Xi Jinping en el complejo— obligaba a permitir el regreso de los periodistas. Sin embargo, en un principio las autoridades negaron la entrada a varios de los equipos de prensa:

• CNN: La reportera Betsy Klein y un fotoperiodista enfrentaron restricciones iniciales a las 9:00 a.m. (hora de Miami), aunque un productor del medio ya había logrado ingresar antes de las 6:00 a.m. por razones que aún no se esclarecen del todo.
• MS NOW y Politico: Sus respectivos reporteros también reportaron bloqueos para acceder al recinto durante las primeras horas de la mañana, a pesar del mandato del juez.

Tras la presión legal y las gestiones de la mañana, los equipos periodísticos finalmente pudieron retomar sus labores en el recinto presidencial.