En medio de la creciente presión social por mejoras económicas, una mesa de trabajo integrada por representantes del Parlamento venezolano y organizaciones sindicales inició la evaluación de propuestas clave para atender las demandas de los jubilados residentes en el exterior.
El encuentro, que reunió a distintas centrales obreras del país, tiene como objetivo definir mecanismos viables para un eventual aumento salarial, así como revisar la restitución de pagos pendientes, uno de los reclamos más insistentes del sector.
Según detalló la periodista Ginette González, uno de los puntos centrales de la discusión fue la incorporación de la retroactividad en los beneficios económicos, una medida que los líderes sindicales consideran fundamental dentro de cualquier política de seguridad social.
Los representantes gremiales sostienen que este derecho es “inalienable” y debe ser garantizado por el Estado venezolano. No obstante, reconocen que el contexto económico, marcado por una inflación sostenida y la pérdida del poder adquisitivo, obliga a diseñar fórmulas de ajuste dinámicas y periódicas.
Actualmente, Venezuela atraviesa uno de los períodos más prolongados sin incremento del salario mínimo en casi tres décadas, con ingresos congelados desde 2022, lo que ha profundizado la crisis del ingreso familiar . Esta situación ha impulsado protestas en todo el país, donde trabajadores y jubilados exigen salarios dignos y pensiones ajustadas a la realidad económica .
Defensa de derechos laborales
Durante la reunión, las organizaciones sindicales rechazaron cualquier intento de flexibilización laboral que implique la eliminación de prestaciones sociales. Asimismo, reiteraron la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
En la mesa participaron representantes de diversas centrales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como otras organizaciones sindicales independientes.
Los voceros coincidieron en que la recuperación del ingreso real debe estar vinculada a indicadores técnicos como la canasta alimentaria, considerada el principal referente para medir el costo de vida de las familias venezolanas.
Ajustes sin anclaje fijo
Expertos en materia laboral y económica advierten que uno de los principales errores en la política salarial ha sido el anclaje a cifras fijas, lo que ha generado un desfase constante frente a la inflación.
En ese sentido, recomiendan implementar mecanismos de actualización automática que permitan ajustar los ingresos de forma periódica, evitando retrasos institucionales que terminan afectando a los sectores más vulnerables.
El debate también gira en torno a la necesidad de abandonar esquemas basados en bonificaciones, que no inciden en prestaciones sociales ni beneficios laborales, una práctica que ha sido ampliamente cuestionada por sindicatos en los últimos años.
Expectativa por respuestas oficiales
La coalición sindical espera que en las próximas semanas las autoridades ministeriales presenten propuestas concretas que permitan avanzar hacia soluciones estructurales.
Mientras tanto, la situación de los jubilados en el exterior sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda social, especialmente ante la falta de mecanismos efectivos para garantizar pagos regulares y ajustados a la realidad económica.
En un país donde el poder adquisitivo ha sufrido una caída drástica en los últimos años, la resolución de estas demandas dependerá, en gran medida, de la voluntad política para reconstruir el sistema de seguridad social y devolverle su carácter universal y protector.
