EE. UU. flexibiliza sanciones y autoriza nuevas operaciones con el Banco Central de Venezuela
Licencias 56 y 57 de la OFAC abren paso a acuerdos comerciales y transacciones financieras bajo supervisión
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió las Licencias Generales 56 y 57, ampliando el margen de operaciones económicas y financieras con instituciones venezolanas, incluido el Banco Central de Venezuela (BCV).
Estas medidas forman parte de una estrategia de flexibilización progresiva de sanciones impulsada por Washington en 2026, en medio de cambios políticos en Venezuela y un mayor acercamiento con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Desde inicios de año, se han aprobado licencias que permiten actividades antes restringidas, especialmente en sectores como petróleo, gas y minería.
La Licencia General 56 autoriza la negociación y firma de contratos contingentes para futuras operaciones comerciales en el país. Esto permite a empresas avanzar en acuerdos e inversiones, aunque su ejecución final dependerá de una autorización posterior de la OFAC. Este mecanismo busca preparar el terreno para proyectos sin levantar completamente las sanciones.
No obstante, se mantienen restricciones clave: no se permiten pagos en oro ni en criptomonedas, y continúan prohibidas las transacciones vinculadas con países como Rusia, Irán o Cuba. Además, todas las operaciones siguen sujetas a supervisión estadounidense.
Por su parte, la Licencia General 57 introduce uno de los cambios más relevantes al autorizar una amplia gama de operaciones financieras con el BCV y bancos estatales como el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Entre las actividades permitidas destacan transferencias en dólares, apertura y manejo de cuentas, otorgamiento de préstamos y procesamiento de pagos, incluyendo nómina y pensiones.
Esta autorización también beneficia a empleados públicos que no estén incluidos en listas de sanciones individuales, facilitando el flujo de recursos dentro del sistema financiero nacional.
El conjunto de medidas refleja un cambio progresivo en la política de sanciones de Estados Unidos, que ahora apuesta por un modelo controlado de apertura económica. En este esquema, las actividades se permiten bajo condiciones específicas, con monitoreo constante y limitaciones geopolíticas.
En cuanto al impacto, la posibilidad de operar con el Banco Central y la banca pública podría dinamizar pagos, financiamiento y comercio internacional. Asimismo, la autorización de contratos futuros abre oportunidades para nuevas inversiones.
Sin embargo, especialistas advierten que los efectos reales dependerán de factores como la estabilidad política, la confianza de los inversionistas y la continuidad del proceso de flexibilización impulsado por Washington.
